MADRID — El pacto anunciado este lunes entre el Partido Popular y Vox para las elecciones del 29 de noviembre cambia la estrategia de la derecha en el Senado, pero no equivale a un acuerdo de gobierno ni determina quién ocupará La Moncloa. Vox renunciará a presentar candidaturas en seis provincias y concurrirá con un solo nombre en otras catorce. La coordinación persigue reducir la competencia entre ambos electorados en una cámara donde el reparto de escaños depende de los votos obtenidos por candidatos individuales.
La pregunta política va más allá de los veinte territorios afectados: ¿puede esta fórmula reforzar al PP y, al mismo tiempo, alterar las condiciones de una eventual continuidad de Pedro Sánchez? La respuesta exige distinguir la aritmética del Senado de la del Congreso.
Una operación diseñada para el sistema del Senado
En las provincias peninsulares se eligen cuatro senadores y cada elector puede señalar hasta tres candidatos. El resultado habitual es que la lista más votada obtenga tres representantes y la siguiente uno, aunque la distribución no es automática. Por eso, presentar menos nombres puede ayudar a concentrar apoyos en candidatos concretos, siempre que los votantes de Vox decidan efectivamente respaldar a los del PP.
El acuerdo no garantiza ese traslado. Un elector puede elegir candidatos de partidos distintos, abstenerse o mantener su voto únicamente en la candidatura de Vox que siga concurriendo. Tampoco equivale a una coalición nacional para el Congreso. En paralelo, PSOE y Frente Amplio han explorado fórmulas de coordinación para la Cámara Alta, señal de que la competición por los escaños senatoriales se está negociando provincia a provincia.
El Gobierno se decide en el Congreso, no en el Senado
El presidente del Gobierno necesita sostener su investidura y sus apoyos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. El Senado interviene en la tramitación legislativa y en determinadas decisiones institucionales, pero no elige ni destituye por sí solo al jefe del Ejecutivo. Una mayoría más amplia del PP en la Cámara Alta podría reforzar su posición negociadora o su capacidad de intervención institucional sin producir automáticamente un cambio de gobierno.
El verdadero riesgo para Sánchez reside, por tanto, en el reparto de los 350 diputados y en los acuerdos posibles después del 29N. Ahí importan tanto el voto al PSOE como el rendimiento territorial de PP, Vox, Frente Amplio, Podemos y las fuerzas nacionalistas y regionalistas.
Las encuestas reflejan una presión parlamentaria, no un resultado cerrado
El promedio de octubre publicado por Onda Cero sitúa al PP en el 31,9% de intención de voto, al PSOE en el 26,6% y a Vox en el 18,8%. El dato describe una ventaja del PP y un peso considerable de Vox, pero es una estimación previa al voto. La encuesta de Sigma Dos difundida el 26 de octubre atribuye al PP el 30,6%, al PSOE el 26,1% y a Vox el 19,9%; su proyección asigna 196 escaños a PP y Vox juntos, por encima de los 176 necesarios para la mayoría absoluta. Se trata de una estimación de una empresa demoscópica, sujeta a errores y cambios durante la campaña.
La fotografía demoscópica tampoco demuestra que el pacto senatorial vaya a trasladarse al Congreso. Son papeletas, reglas y estrategias distintas. Además, las estimaciones de voto no sustituyen el escrutinio ni aseguran acuerdos de investidura.
La señal política: cooperación electoral sin fusión
El entendimiento confirma que PP y Vox están dispuestos a coordinarse cuando consideran que la dispersión del voto puede perjudicarles. Para el PP, esa cooperación puede facilitar una representación senatorial más amplia; para Vox, implica renunciar a visibilidad propia en determinadas circunscripciones a cambio de un objetivo compartido. La contrapartida política y el alcance posterior de la cooperación siguen siendo cuestiones abiertas.
Para Sánchez, la novedad no es una amenaza institucional inmediata derivada del Senado, sino la evidencia de que sus adversarios buscan mejorar la eficacia electoral de sus votos. Su continuidad dependerá del resultado del Congreso y de las mayorías que puedan articularse tras el 29 de noviembre, no de la sola firma de este acuerdo.
