BRUSELAS — Francia prepara el despliegue de militares para proteger lugares sensibles antes de las manifestaciones del sábado 24 de octubre. Italia anuncia un refuerzo de seguridad tras los disturbios en Milán, mientras las protestas por el coste de la vida, la vivienda y las condiciones sociales también movilizan a ciudadanos en otros países europeos. La sucesión de episodios plantea una pregunta para la Unión Europea: ¿deben los Estados recurrir más a sus ejércitos cuando la policía afronta situaciones de tensión?
Francia abre el debate, Italia refuerza su respuesta
El Gobierno francés pretende destinar soldados a la protección de edificios y emplazamientos sensibles para liberar a policías y gendarmes de las tareas de vigilancia fija. El primer ministro, Sébastien Lecornu, ha reconocido fallos en la respuesta a los disturbios del 17 de octubre, mientras el Ejecutivo prepara un amplio dispositivo para nuevas protestas. El despliegue militar de apoyo no implica, por sí mismo, que los soldados vayan a dispersar manifestaciones.
En Italia, el Gobierno de Giorgia Meloni ha anunciado el envío de 500 militares a Milán tras los saqueos y enfrentamientos del fin de semana y plantea medidas de seguridad más estrictas. Los dos casos ilustran respuestas distintas, aunque relacionadas, a la presión sobre los servicios de seguridad interior.
Proteger infraestructuras no es controlar manifestaciones
La distinción es decisiva. Un ejército puede vigilar estaciones, edificios públicos o infraestructuras críticas, aportar transporte y comunicaciones o apoyar a las autoridades en emergencias. Intervenir directamente contra una multitud exige, en cambio, formación especializada, técnicas de desescalada, normas precisas sobre el uso de la fuerza y supervisión civil.
Francia dispone de la operación Sentinelle y de una Gendarmería con estatuto militar, pero formada para misiones policiales. El derecho francés también contempla el empleo excepcional de otras unidades militares mediante requisición. Esa posibilidad no convierte a las Fuerzas Armadas en una fuerza antidisturbios ordinaria. En otros Estados europeos, los marcos jurídicos y la separación entre defensa y seguridad interior son diferentes.
¿Puede decidirlo la Unión Europea?
La organización del orden público y la seguridad nacional corresponde principalmente a los Estados miembros. La Unión Europea puede favorecer la cooperación policial y el intercambio de información, pero no dispone de una competencia general para ordenar el despliegue de ejércitos nacionales frente a manifestaciones. Una política común en esta materia requeriría respetar las constituciones y leyes nacionales, además de los derechos fundamentales.
Los defensores de un apoyo militar más amplio señalan la posibilidad de liberar agentes especializados, proteger instalaciones estratégicas y responder con rapidez ante crisis simultáneas. Sus críticos advierten del riesgo de militarizar el espacio público, confundir la gestión de protestas pacíficas con la respuesta a actos violentos y desviar recursos de las misiones de defensa.
Una decisión de seguridad con consecuencias democráticas
La experiencia militar en operaciones exteriores no resuelve por sí sola estas dificultades. Los soldados actúan allí bajo mandatos y reglas de enfrentamiento distintos de los aplicables a ciudadanos que ejercen el derecho de manifestación. La proporcionalidad, la rendición de cuentas y la identificación de la autoridad responsable son condiciones centrales de cualquier intervención interior.
La pregunta europea no se limita, por tanto, a cuántos soldados pueden desplegarse. También incluye qué misiones se les asignan, durante cuánto tiempo, quién autoriza su actuación y cómo se preserva la distinción entre la protección de la población y el control de la protesta social.
