MADRID — España afronta las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre con una economía que mantiene el crecimiento y la creación de empleo, pero también con tensiones sobre los precios, el acceso a la vivienda y la productividad. El debate económico de la campaña se centra en una cuestión: hasta qué punto los buenos resultados agregados se traducen en una mejora de la renta disponible de los hogares.
El crecimiento resiste, pero no resuelve los desequilibrios
Las previsiones del Banco de España apuntan a una expansión del PIB del 2,6 % en 2026 y del 2,2 % en 2027. Son tasas positivas, pero el supervisor advierte de un escenario de inflación elevada, con una previsión del 3,9 % para este año. El encarecimiento de la energía y las tensiones internacionales añaden incertidumbre a las decisiones de consumo e inversión.
La economía española ha aumentado el empleo y mantiene un ritmo de actividad superior al de varias grandes economías europeas. Sin embargo, la evolución de la productividad y de los salarios reales plantea dudas sobre la capacidad de sostener ese crecimiento y distribuir sus beneficios. Una expansión apoyada en más trabajadores no equivale necesariamente a un aumento similar de la producción por empleado.
La vivienda, uno de los grandes problemas pendientes
El Banco de España calcula que el déficit acumulado de viviendas ronda las 750.000 unidades y podría acercarse al millón. La falta de oferta, los tiempos de tramitación y las dificultades de construcción agravan las tensiones en los mercados de alquiler y compraventa. El rechazo parlamentario de los decretos sobre vivienda precedió a la convocatoria anticipada de elecciones anunciada el 5 de octubre.
La disolución de las Cortes también deja sin completar una serie de proyectos legislativos económicos. Entre las cuestiones pendientes figuran iniciativas sobre energía, inversión y regulación empresarial, además de la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado durante la legislatura.
El final de los fondos europeos cambia el escenario
El próximo Gobierno tendrá que gestionar una economía sin el mismo impulso extraordinario de Next Generation EU. España presentó el 30 de septiembre su última solicitud de pago por 25.861 millones de euros, todavía pendiente de evaluación comunitaria. El cierre del mecanismo obliga a definir nuevas vías para financiar inversiones y reformas en vivienda, infraestructuras, industria e innovación.
Los partidos plantean respuestas distintas. El PSOE destaca el empleo, el salario mínimo y la inversión pública; el PP insiste en la productividad, la reducción de trabas y el aumento de oferta de vivienda. Otras formaciones proponen diferentes grados de intervención en los alquileres, reformas fiscales y cambios laborales. Los programas electorales definitivos aún deben concretar varias de estas propuestas.
Una campaña marcada por la economía cotidiana
En Cataluña, la Comunidad Valenciana, Aragón y Baleares, los costes de vivienda, transporte y energía afectan a hogares y empresas. La fortaleza del turismo, la industria y los servicios convive con dificultades para contratar personal y encontrar vivienda asequible en determinadas zonas. No existe una única situación económica para todo el territorio.
El 29 de noviembre los electores votarán en un contexto de crecimiento, pero también de retos estructurales. Las cifras de PIB y empleo, los precios y las propuestas para ampliar la oferta de vivienda serán elementos centrales del debate público.
