MADRID — España encara el cierre del Plan de Recuperación con 61.700 millones de euros de la dotación inicial de Next Generation EU que no llegarán a movilizarse. El Gobierno ha presentado a Bruselas su séptima y última solicitud de pago, por 25.861 millones de euros, mientras la Comisión Europea examina el cumplimiento de los objetivos pendientes antes del cierre definitivo del mecanismo, previsto para diciembre de 2026.
Un balance de 101.300 millones frente a los 163.000 previstos
La dotación inicial para España ascendía a unos 163.000 millones de euros entre transferencias y préstamos. Tras los ajustes del plan, el importe que el Ejecutivo prevé haber movilizado asciende a 101.300 millones si Bruselas aprueba el último desembolso. La diferencia, unos 61.700 millones, equivale aproximadamente al 38 % de la asignación inicial. No significa que toda esa cantidad sea una subvención retirada: una parte importante corresponde a préstamos que España ha decidido no solicitar.
La última petición, registrada el 30 de septiembre, comprende 21.463 millones en transferencias y 4.398 millones en préstamos. Una vez descontados los anticipos, el importe neto sería de 18.711 millones y 4.166 millones, respectivamente. El pago depende de la evaluación comunitaria de 148 hitos y objetivos, de los que 130 corresponden a subvenciones y 18 a préstamos.
Los desembolsos suspendidos siguen bajo examen
El cierre llega con retrasos y pagos suspendidos por objetivos cuya ejecución no había sido acreditada satisfactoriamente. La información publicada por elEconomista cifra en unos 1.400 millones los importes suspendidos. Conviene distinguir esas cantidades del último desembolso solicitado: una suspensión no equivale automáticamente a una pérdida definitiva, pero exige acreditar el cumplimiento de los compromisos en el marco y los plazos previstos por la Comisión.
Bruselas ya había autorizado parcialmente la sexta solicitud en julio. El Gobierno informó después de que tres objetivos procedentes de esa fase se incorporaban a la petición final mediante una adenda técnica. La Comisión dispone hasta el 31 de diciembre para efectuar los pagos autorizados.
Vivienda, energía e innovación entre las inversiones
El Ejecutivo destaca inversiones en vivienda social, rehabilitación energética, movilidad sostenible, digitalización e industria. Entre los proyectos que incluye en su balance figuran 23.000 viviendas de alquiler social iniciadas, cerca de 175.000 vehículos eléctricos apoyados y actuaciones de descarbonización industrial. El Gobierno también señala la inyección de más de 13.300 millones al ICO para el fondo España Crece, concebido para prolongar la inversión después del cierre del mecanismo europeo.
La fase final abre un debate sobre la capacidad de ejecución y el impacto territorial de los fondos. En Cataluña, la Comunidad Valenciana, Aragón y Baleares, empresas y administraciones han participado en programas de digitalización, transición energética y movilidad. El dato nacional de fondos no utilizados no permite, por sí solo, atribuir una cantidad concreta a cada territorio.
El balance definitivo dependerá de la evaluación de Bruselas y de las cantidades efectivamente desembolsadas, no únicamente de las solicitudes presentadas por el Gobierno.
