MADRID — El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz podría pronunciarse este viernes 9 de octubre sobre la petición del Partido Popular de investigar al PSOE como persona jurídica en el caso Leire Díez. La decisión está pendiente después de que la Fiscalía Anticorrupción remitiera su informe al magistrado. El Ministerio Público aprecia indicios que afectan al partido, pero considera prematuro atribuirle formalmente la condición de investigado antes de completar varias diligencias.
La solicitud del PP, que ejerce la acusación popular, atribuye al PSOE presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, blanqueo de capitales y financiación ilegal. Los populares sostienen que la formación habría sufragado gastos de una supuesta organización dirigida por Leire Díez, con la participación del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán. Son acusaciones sometidas a investigación, no hechos judicialmente acreditados.
Anticorrupción pide escuchar antes a Santos Cerdán
En su informe, conocido el jueves, la Fiscalía señaló que existen indicios, pero defendió que deben practicarse actuaciones pendientes, entre ellas la declaración de Cerdán, antes de decidir si procede investigar al partido. La posición del fiscal no obliga al juez, que puede resolver la solicitud, ordenar nuevas diligencias o posponer su pronunciamiento.
La causa investiga presuntas maniobras para obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno. Los investigadores examinan si se utilizaron recursos y contratos de asesoramiento jurídico para financiar actividades vinculadas a la supuesta trama. Pedraz ha reclamado al partido documentación sobre abogados y consultoras contratados entre 2021 y 2025, una diligencia destinada a comprobar los servicios prestados y los pagos realizados.
La decisión llega en plena precampaña del 29-N
La posible imputación del PSOE como persona jurídica supondría un cambio procesal relevante, pero no una declaración de culpabilidad. El juez debe determinar si los indicios existentes justifican atribuir al partido responsabilidad penal y permitirle ejercer sus derechos de defensa en esa condición.
La expectativa coincide con el inicio de la precampaña de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre. Hasta el momento de esta información no se ha confirmado una resolución de Pedraz sobre la petición del PP. El siguiente paso dependerá de su valoración del informe de Anticorrupción y de las diligencias aún pendientes.
